De la Espriella cumple su promesa y va tras los ciudadanos venezolanos indocumentados.

El impacto en la población venezolana

La política de seguridad y migración del nuevo Gobierno ha puesto su lupa sobre la comunidad extranjera más grande del país. Este domingo 23 de agosto, en medio de un Consejo de Seguridad extraordinario en Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la Policía y a Migración Colombia iniciar operativos de identificación y deportación. Aunque la instrucción habla de "inmigrantes ilegales" en general, el impacto principal y más visible de esta medida recae directamente sobre la población venezolana.

"Con o sin Maduro"

Durante su intervención, el mandatario no titubeó en reafirmar el discurso que sostuvo a lo largo de su campaña. "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías", sentenció. La directriz presidencial prioriza, en primer lugar, a los venezolanos que estén involucrados en actos delictivos y, en segundo lugar, a quienes no hayan regularizado su estatus migratorio.

Reiterando que asume todo el costo político de la decisión, De la Espriella dejó claro que su prioridad es la seguridad de los nacionales, recordando su promesa de que los infractores deberán regresar a su territorio "con o sin Maduro".

Las cifras y el reto logístico

Colombia es actualmente el principal destino del éxodo vecino, albergando a cerca de 3 millones de venezolanos. Las cifras oficiales recientes de Migración Colombia revelan que la gran mayoría, alrededor del 82%, se encuentra de manera regular y aportando a la economía del país. No obstante, aún hay cientos de miles de ciudadanos venezolanos en condición de irregularidad que ahora quedan bajo la mira de estos nuevos operativos.

Se ha aclarado que no se tratará de una cacería masiva e indiscriminada, sino de un proceso administrativo enfocado en la criminalidad y la ilegalidad, comenzando por Barranquilla y extendiéndose al resto de ciudades. El principal desafío ahora será para Migración Colombia, entidad que, según advierten diversas fuentes, enfrenta grandes retos de capacidad operativa y presupuestal para ejecutar estas deportaciones a gran escala.