Se cayó el Presupuesto de la Verdad: la metida de pata del Gobierno que le costó billones a la salud y a los subsidios.
"El presupuesto de 634,9 billones de pesos del presidente Abelardo De la Espriella se hundió en el Congreso por un error de trámite"

Redacción Garzón
Redacción Garzón Web

— Gobierno de Colombia
El insólito autogol que desató la tormenta política
Lo que debía ser una de las mayores victorias legislativas del gobierno de Abelardo De la Espriella terminó convertido en un fiasco parlamentario de consecuencias presupuestales inmediatas. En la madrugada del 20 de octubre, el Congreso aprobó en sus respectivas plenarias el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, bautizado por la Casa de Nariño como el Presupuesto de la Verdad y fijado en 634,9 billones de pesos.
Sin embargo, la celebración duró pocas horas: el proyecto quedó jurídicamente viciado y sin efectos legales al consumarse un error inexcusable en el manejo de los textos sometidos a votación.
El artículo 65 y la metida de pata de los ministros
El origen del descalabro estuvo en el artículo 65, disposición que regula las coberturas y manejos de dos cuentas sensibles para la caja del Estado: el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF).
Durante el debate:
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El senador Juan Fernando Caicedo radicó una proposición para modificar dicho artículo, pero decidió retirarla en la plenaria del Senado con el fin de acelerar la votación. El Senado aprobó el artículo tal como venía en la ponencia base.
De manera insólita, el equipo de asesores del Ministerio de Hacienda envió a la mesa directiva de la Cámara de Representantes el texto que sí incluía la proposición de Caicedo, aprobándose en esa corporación un texto sustancialmente distinto.
A pesar de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se encontraban presentes en el Capitolio, ninguno de los dos funcionarios advirtió el cruce de textos.
Al existir redacciones contradictorias entre Senado y Cámara, la ley ordenaba conformar una comisión de conciliación para unificar el articulado y volverlo a votar en ambas plenarias. No obstante, el reloj corrió en contra: el plazo constitucional y legal expiró a la medianoche del 20 de octubre sin que se convocara la conciliación, lo que provocó la caída automática del texto aprobado.
La oposición lo puso en evidencia
La alerta no provino de las bancadas de gobierno sino de la oposición. Fue la senadora Esmeralda Hernández, integrante de la bancada del Pacto Histórico, quien detectó la disparidad de los textos votados y publicó en redes sociales las grabaciones y gacetas que demostraban la inviabilidad jurídica del trámite. La congresista denunció la negligencia del Gobierno y calificó el episodio como una muestra de improvisación técnica imperdonable para un proyecto de tal envergadura fiscal.
La salida del Ejecutivo: decretazo y tijera a la salud
Frente a la consumación del vicio, la administración De la Espriella reaccionó este miércoles 21 de octubre intentando matizar el impacto político. Aunque voceros del palacio presidencial aseguraron que el presupuesto no ha sido tumbado por nadie, el vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó públicamente la medida de contingencia: el presidente firmará un decreto de repetición presupuestal amparado en el texto que se aprobó en primer debate en las comisiones económicas conjuntas.
Esta maniobra jurídica tiene un alto costo social:
Se esfuman de tajo las modificaciones concertadas en las plenarias, entre ellas la inyección de hasta cinco billones de pesos adicionales para financiar la crisis del sistema de salud y las partidas extraordinarias destinadas a cubrir los subsidios de energía eléctrica y gas para los estratos populares.
El texto que saldrá por decreto mantiene el cuestionado incremento en el servicio de la deuda externa e interna (que ronda entre 147 y 155 billones de pesos), eleva los gastos de funcionamiento, prioriza el sector de defensa y castiga presupuestos de entidades como la JEP y programas de inversión social regional.
El resultado deja seriamente golpeado el capital político de los ministros Gómez y Lara ante el Legislativo y expone las contradicciones de una administración que llegó prometiendo austeridad radical y terminó aumentando el presupuesto en casi 60 billones de pesos frente al gobierno anterior, solo para ver cómo su propio equipo lo dejaba hundir en el último minuto.







