Le quitan los escoltas a Benedetti y él amenaza con hablar: «Hago responsable al presidente».

El desmonte del esquema y la acusación de retaliación

El pulso político entre el Gobierno nacional y figuras clave de la anterior administración cruzó un límite sensible en materia de seguridad personal. Este lunes 19 de octubre de 2026, la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó y ejecutó el retiro integral del esquema de protección asignado al exministro del Interior, Armando Benedetti, así como las medidas asignadas a su esposa e hijos.

La determinación provocó una inmediata reacción de Benedetti a través de sus canales oficiales, denunciando que la orden carece de soporte técnico y vulnera el debido proceso administrativo:

1.  

   Vicios de procedimiento: afirmó que la decisión se tomó sin que se hayan resuelto los recursos legales interpuestos por su defensa.

2. Evaluación de riesgo omitida: advirtió que no se practicó un nuevo estudio técnico de seguridad, omitiendo que apenas 60 días atrás la propia entidad había calificado su nivel de peligro bajo la figura de «riesgo extraordinario».

3. Señalamiento directo: el exministro responsabilizó públicamente al mandatario de cualquier agresión o afectación física que pueda sufrir él o su familia en territorio nacional.

El cruce previo: de las acusaciones de «criminal» a la advertencia de hablar

La cronología de los hechos apunta a una coincidencia temporal que ha encendido el debate institucional. Horas antes de que los vehículos y agentes de protección fueran retirados, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó fuertes descalificaciones en redes sociales contra Benedetti, tildándolo de «criminal» en el marco de señalamientos relacionados con supuestas reuniones y pactos con sectores exparamilitares (el denominado «Pacto de Valledupar»).

Benedetti contestó de manera tajante al señalamiento presidencial antes de ser notificado de la pérdida de sus escoltas:

«Presidente, si estoy callado es porque estoy descansando pero si me quiere oír, hablo»

.

Poco después, al confirmarse el retiro de los funcionarios de la UNP, el exfuncionario volvió a pronunciarse:

«Después de mi respuesta de hoy al Presidente, ¿será casualidad? No en vano dije hace unos minutos que lo hago responsable de cualquier cosa que suceda a mí o a mi familia»

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Debate institucional y reacciones de control

La decisión generó una fuerte polvareda en los sectores jurídicos y políticos del país. Analistas y parlamentarios de diversas vertientes señalaron que la protección de la UNP debe regirse estrictamente por matrices objetivas de valoración de amenaza y no como una herramienta de sanción o presión frente a disputas retóricas entre mandatarios y contradictores.

Organismos de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han sido instados a pronunciarse sobre las garantías para exservidores públicos que han manejado información reservada del Estado, mientras que la dirección de la UNP se encuentra bajo la lupa sobre los criterios de reasignación presupuestal y operativa aplicados a este caso específico.