Cuando el Ordenamiento Territorial se vuelve negocio de unos pocos

Ordenar un municipio no debería ser un juego de cartas ni un remate al mejor postor. Diseñar el futuro de una comunidad significa decidir con responsabilidad legal y técnica dónde van las escuelas, por dónde pasarán las vías principales, cómo se protegerán las fuentes de agua y qué terrenos se reservan para que el campo siga produciendo comida. Sin embargo, cuando la planificación del territorio cae en manos de mentes astutas que ven la norma no como una regla de juego sino como un obstáculo para llenar sus bolsillos, el desarrollo urbano se convierte en un oscuro mercado de favores.

Lo que ha venido ocurriendo bajo la mesa en nuestra tierra durante los últimos años parece sacado de un libreto de ficción jurídica, pero sus efectos son dolorosamente reales. Se trata de un entramado donde la astucia de unos pocos pretende pasar por encima de la ley, dejando al pueblo las cargas del desorden y a los especuladores las ganancias millonarias de la valorización.

El truco de la circular de medianoche

Imaginemos por un momento la siguiente escena hipotética, que cualquier ciudadano atento reconocerá de inmediato: se acerca el fin de un periodo de gobierno y en la oficina encargada del suelo municipal reina un afán sospechoso. De la noche a la mañana, el funcionario de turno saca del sombrero una famosa «circular interpretativa». El pretexto es «aclarar» una supuesta duda de la norma vigente desde hace más de una década; pero el resultado real es transformar, con un simple plumazo, potreros y terrenos rurales en zonas aptas para acomodar proyectos de parcelación densos que jamás habrían sido autorizados con el reglamento original.

A la sombra de esa «interpretación» exprés, aprobada en vísperas de las fiestas de fin de año, se tramitan y radican licencias a velocidad luz. No importa si los terrenos carecen de vías adecuadas, no importa la capacidad de las redes de agua o el impacto en los ecosistemas campesinos; lo crucial era estampar la firma del permiso antes de que sonaran las doce campanadas y se diera el cambio de administración.

Cuando la nueva administración asume el mando, revisa los archivos y detecta que la perversa circular era abiertamente ilegal —un invento administrativo que violaba el propio acuerdo del Concejo Municipal—, la derogación no se hace esperar. Pero aquí es donde se activa el segundo acto de la trampa: los beneficiados alzan los brazos al cielo clamando «buena fe» y «derechos adquiridos», pretendiendo que un permiso concedido sobre cimientos torcidos debe respetarse para siempre.

El plan del PBOT: amarrar el negocio antes del freno judicial

El libreto no termina con las licencias aprobadas a última hora. Para que la jugada sea perfecta y los lotes rurales tripliquen su valor en el mercado inmobiliario, se requiere un toque maestro: cambiar oficialmente la clasificación del suelo a zona urbana o de expansión dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (PBOT).

Tras un primer intento fallido donde la resistencia comunitaria y los vicios técnicos obligaron a archivar el proyecto de PBOT, la estrategia no se detuvo; simplemente mutó. La táctica que hoy se cocina tras bambalinas consiste en revivir ese mismo texto con leves retoques estéticos, buscando su aprobación en el Concejo Municipal mediante persuasiones y presiones políticas a los corporados.

¿Cuál es la prisa si saben que ese instrumento será demandado de inmediato por la ciudadanía? La respuesta está en la ventaja del tiempo. Los especuladores saben perfectamente que entre el momento en que se aprueba una norma ilegal y el día en que un juez administrativo ordena suspenderla cautelarmente, transcurren valiosos meses. Ese bache temporal es la «ventana de oportunidad» perfecta para radicar un alud de licencias, construcciones y loteos. Cuando la justicia finalmente actúe para frenar el PBOT, los desarrolladores ya tendrán los permisos expedidos y los ladrillos puestos, volviendo a repetir la consigna: «Aquí ya hay hechos consumados y derechos consolidados».

El verdadero costo de mirar para otro lado

Esta maniobra no es solo una discusión entre abogados y técnicos en planeación; es un asunto que golpea directamente el bolsillo y la calidad de vida de cada habitante del municipio. Cuando se fuerza la construcción de proyectos habitacionales en áreas rurales sin la infraestructura adecuada, las consecuencias las paga la comunidad:

• Agua y servicios colapsados: Se autorizan decenas de viviendas donde no hay redes oficiales de alcantarillado ni disponibilidad real de agua potable, presionando los pozos profundos y los caños locales.
• Vías destruidas: Caminos veredales pensados para el tránsito rural terminan destrozados por el flujo constante de maquinaria pesada y tráfico residencial denso.
• Encarecimiento de la tierra: La especulación desmedida infla artificialmente el precio de los predios, haciendo imposible que las familias locales accedan a una vivienda digna a precios justos.
• Captura privada de la valorización: El enriquecimiento de unos pocos particulares se logra a costa del deterioro ambiental y del gasto público que el municipio tendrá que hacer en el futuro para llevar servicios a zonas donde nunca se debió construir así.

Abrir el debate: la herramienta para desarmar la trampa

Frente a este escenario, el silencio y la resignación son los mejores aliados de quienes pretenden manipular el desarrollo de nuestro territorio. Quienes diseñaron este camino contaban con que la ciudadanía no entendería los enredos jurídicos o que el cansancio terminaría por disipar el «ruido».

Se equivocaron. Abrir la información, explicar con peras y manzanas lo que se hizo entre bambalinas y exponer las intenciones detrás del afán normativo es la herramienta más poderosa que tenemos como comunidad. Las normas de ordenamiento territorial existen para proteger el bien común y garantizar un crecimiento sostenible, no para servir de plataforma de enriquecimiento exprés.

El llamado a la ciudadanía, a las veedurías y a los concejales es a no dejarse encandilar por discursos de desarrollo ficticio ni a ceder ante presiones de coyuntura. El territorio no se vende ni se remata mediante circulares amoldadas a la medida; el territorio se respeta, se planifica de cara a la gente y se defiende en todos los escenarios legales e institucionales que sean necesarios.

Así es; las coincidencias en el calendario político no suelen ser fruto del azar, sino de estrategias milimétricamente calculadas. Queda por ver si esta vez las campanas de fin de año volverán a sonar para encubrir afanes normativos y contratos a medianoche, o si la vehemencia, la veeduría informada y la presión ciudadana lograrán romper la inercia de la complicidad y frenar, a tiempo, este nuevo intento de asalto a la planeación de nuestro municipio.

¿Estamos también esperando las campanadas de fin de año para aprobarlo de manera expedita y sin ruido?