El arte de vigilar sin coadministrar: ¿hasta dónde llega el papel de una veeduría ciudadana?

En el apasionante y sinuoso camino del ordenamiento territorial de nuestro municipio, resulta inevitable cruzarse con preguntas de fondo sobre el papel que desempeñamos los ciudadanos que nos organizamos para vigilar la gestión pública.

Tras el archivo del proyecto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) por parte del Concejo Municipal —un hito que puso en evidencia marcadas inconsistencias y vacíos técnicos en el documento propuesto—, ha cobrado fuerza un debate recurrente en las calles, en los medios locales y en los pasillos de la administración: ¿debe la veeduría limitarse a señalar los errores o debería sentarse a redactar y formular las soluciones junto al municipio?

Hay quienes afirman, con aparente buena intención o a veces con cierta molestia, que la veeduría «solo critica y muestra las fallas, pero no aporta fórmulas para el PBOT». A primera vista, la idea de que los veedores nos sumemos a la mesa de diseño para proyectar planos, redactar articulados o definir polígonos parece una invitación constructiva y generosa. Sin embargo, cuando se examina la naturaleza del control social desde el derecho cívico y la ética pública, la realidad es muy distinta.

El peligro de la coadministración y la pérdida de independencia

El primer gran riesgo de involucrarse en la formulación de una norma territorial es lo que en el derecho administrativo se conoce como coadministración. Si los miembros de una veeduría toman el lápiz para trazar el mapa o redactar el texto del PBOT, pasan de ser vigilantes a ser coautores de la decisión. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿quién vigila al vigilante si este ayudó a construir el documento?

Si la veeduría entra en la cocina de la formulación, pierde de inmediato su activo más valioso: la independencia. Mañana, cuando surja una inconsistencia o un vicio de legalidad en aquello que se ayudó a redactar, la veeduría habrá quedado moral y jurídicamente inhabilitada para ejercer su función preventiva y crítica. La distancia crítica no es distanciamiento ni soberbia; es la garantía fundamental de que el interés general seguirá siendo resguardado con imparcialidad.

Por otra parte, conviene recordar que la administración municipal contrata y remunera a un equipo formulador robusto y especializado, precisamente para que asuma la responsabilidad técnica, legal y financiera de entregar un trabajo riguroso y bien hecho. Pretender que la ciudadanía, que no recibe honorarios, asuma la tarea de resolver lo que los profesionales pagados no estructuraron adecuadamente no solo es inequitativo, sino que alivia de manera indebida la responsabilidad institucional de quienes firmaron contratos para tal fin.

Señalar el error también es construir municipio

Existe la falsa creencia de que «aportar» solo equivale a escribir artículos o diseñar mapas. Nada más distante de la verdad. Detectar que un estudio de suelos carece de la profundidad técnica requerida, evidenciar que una cartografía no coincide con la realidad de los predios o advertir que un procedimiento administrativo se aparta de la norma legal es un aporte sustancial de incalculable valor para la comunidad.

Cada inconsistencia que la veeduría señala con rigor no es una traba; es un escudo. Evita que el municipio adopte una norma viciada que el día de mañana termine tumbada por los jueces, genere inseguridad jurídica para los propietarios o ponga en riesgo ecosistemas frágiles. El señalamiento fundado y serio es la mayor contribución que los ciudadanos pueden hacer para garantizar un territorio ordenado de verdad y con apego a la ley.

Para responder a quienes piden soluciones sin caer en la trampa de coadministrar, la postura de la veeduría debe ser la del señalamiento con alerta propositiva. Esto significa que la veeduría no propone el trazado específico del mapa ni hace el cálculo técnico, pero sí le dice a la administración: «Esta propuesta vulnera el artículo X de la norma ambiental; por lo tanto, el equipo formulador debe corregirla acogiéndose a la norma Z». Se marca el parámetro legal e institucional que debe respetarse, pero la obligación de rehacer la tarea sigue estando en cabeza de quien fue contratado para ello.

Cuidar el valor del trabajo voluntario

Quienes integramos las veedurías ciudadanas lo hacemos movidos por la mística, el arraigo y el compromiso ético con el bienestar colectivo de Villanueva. Nuestro trabajo es totalmente ad honorem y requiere un enorme esfuerzo personal, familiar y profesional. Competir en volumen operativo con la maquinaria técnica de una administración pública o de un grupo de consultores pagados es un camino directo hacia el agotamiento.

El verdadero valor de la veeduría no reside en pretender abarcarlo todo, sino en la calidad, oportunidad y solidez técnica y social de sus observaciones. Proteger la capacidad física y mental de los ciudadanos que dedican su tiempo a cuidar lo público es un deber cívico para asegurar que el control social siga vivo, firme y vigilante.

En conclusión, la Veeduría de Ordenamiento Territorial no está para reemplazar las funciones del municipio ni para hacer las veces de consultora gratuita. Nuestra labor es y seguirá siendo la de mantener la lupa firme sobre el debido proceso, vigilar que los recursos y los estudios técnicos se alineen con la realidad territorial y garantizar que los derechos de la comunidad estén por encima de los afanes o las improvisaciones.

Construir municipio también es saber exigir que cada actor cumpla con el papel que la ley le ha asignado.