El lucrativo negocio detrás de la salud en Colombia: ¿quién realmente se beneficia?

Desde que el presidente Petro tomó las riendas del país, puso sobre la mesa una verdad incómoda que pocos quieren reconocer: el modelo actual de salud es un desastre estructural que beneficia más a unos pocos que a millones de colombianos que necesitan atención de calidad. La ministra Carolina Corcho no ha dejado de denunciar estas fallas, exponiendo que el Estado entrega cerca de 100 billones de pesos anuales a las EPS, unas empresas privadas que, paradójicamente, no prestan servicios de salud directamente.

¿Y para qué están entonces las EPS? Simple: funcionan como intermediarios financieros. Reciben la millonaria plata del Estado y deberían pagarla a clínicas, hospitales, centros de salud y médicos, quienes verdaderamente brindan el servicio. Sin embargo, gran parte de esos recursos se desvanecen entre malos manejos, corrupción y administraciones inescrupulosas que terminan enriqueciendo a dueños de EPS y políticos que tienen intereses cruzados en esta “leche” de 100 billones.

Este entramado no se desmonta fácilmente porque quienes ganan con este sistema —políticos corruptos incluidos— no están interesados en reformar una estructura que les garantiza jugosas ganancias. Es un negocio redondo: mantengan el statu quo y sigan embolsándose multimillonarios recursos públicos.

¿Y qué pasa con los ciudadanos? Mientras tanto, hospitales se caen a pedazos, la atención es deficiente y los pacientes hacen filas interminables esperando ser atendidos. Villanueva, por ejemplo, puede ir olvidándose de ese hospital nuevo y dotado que tanto necesita su región. No llegará mientras las EPS sigan manejando el presupuesto sin control real y el gobierno no tenga la voluntad política para cambiar las reglas del juego.

El presidente electo grita a voz en cuello que “se robaron la Nueva EPS”, pero parece poco importarles que lo fundamental sea garantizar salud pública efectiva y accesible para todos los colombianos. Que quede claro: no se trata solo de señalar robos puntuales sino de transformar un sistema que, tal como está, no está diseñado para servir al pueblo. El verdadero reto será acabar con el lobby poderoso que protege estos intereses y poner la salud donde siempre debió estar: al servicio de la gente.