La reforma agraria de Gustavo Petro: un avance histórico para el campo colombiano

La reforma agraria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro representa uno de los esfuerzos más importantes de las últimas décadas para cambiar la vida de los campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas de Colombia. Durante muchos años, la tierra estuvo concentrada en pocas manos, mientras millones de familias rurales trabajaban sin títulos, sin apoyo suficiente y con pocas oportunidades. Frente a esta realidad, el gobierno de Petro puso nuevamente la tierra y el campo en el centro de la agenda nacional.

Uno de los principales logros fue el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, conocida como ANT. Esta entidad recibió un presupuesto histórico y logró formalizar más de 1.878.000 hectáreas. Formalizar una tierra significa reconocer legalmente quién la trabaja y quién tiene derecho sobre ella. Este proceso benefició a más de 116.000 familias campesinas, indígenas y afrocolombianas. Para muchas de estas personas, recibir un título significó dejar atrás años de incertidumbre y tener una mayor seguridad para trabajar, heredar y defender su territorio.

Otro resultado importante fue la adquisición de 703.121 hectáreas para ser entregadas a comunidades rurales. Esta cifra supera ampliamente lo realizado por gobiernos anteriores y demuestra que sí era posible avanzar en una verdadera política de acceso a la tierra cuando existía voluntad política. También se crearon 27 Zonas de Reserva Campesina y se impulsaron los Territorios Campesinos Agroalimentarios. Estos espacios ayudan a proteger la economía campesina, la producción de alimentos y la vida comunitaria.

La reforma también reconoció derechos históricos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras. Más de 113.723 hectáreas fueron tituladas colectivamente a resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos. Esto no fue simplemente entregar terrenos. Fue reconocer que estas comunidades tienen una relación especial con la tierra, basada en la cultura, la memoria y la vida colectiva.

Además, programas como Sembrando Vida ayudaron a que las tierras entregadas no quedaran abandonadas. Se promovieron proyectos productivos para generar ingresos, fortalecer la agricultura y mejorar la alimentación de las familias. Así, la reforma no se limitó a repartir tierras: también buscó que esas tierras produjeran alimentos y ayudaran a construir una economía rural más justa.

Es cierto que no se alcanzaron todas las metas anunciadas. El gobierno se propuso formalizar siete millones de hectáreas y comprar tres millones adicionales. Sin embargo, la responsabilidad no puede atribuirse únicamente al presidente. El Congreso de la República, dominado durante buena parte del periodo por sectores tradicionales y cercanos a las grandes élites económicas, frenó varias iniciativas fundamentales. La reforma de la justicia agraria, necesaria para resolver los conflictos de tierras con rapidez y proteger a los campesinos, fue archivada. Sin esta herramienta, miles de familias continuaron enfrentando problemas legales y falta de seguridad sobre sus predios.

También hubo oposición política, críticas constantes y obstáculos jurídicos que hicieron más lento el proceso. Quienes durante años se beneficiaron de la concentración de la tierra vieron la reforma como una amenaza. Por eso, muchas propuestas fueron bloqueadas o presentadas como ataques contra la propiedad privada, aunque el objetivo principal era entregar tierras improductivas a quienes pueden cultivarlas y producir alimentos.

La reforma agraria de Petro debe juzgarse dentro de una historia de abandono rural que lleva muchas décadas. En ese contexto, formalizar casi dos millones de hectáreas, comprar más de 703.000 y reconocer territorios colectivos constituye un avance histórico. No fue una reforma perfecta ni terminó todas sus tareas, pero abrió una puerta que otros gobiernos mantuvieron cerrada.

Su mayor valor está en haber devuelto dignidad y esperanza al campo colombiano. La reforma mostró que la tierra puede servir para alimentar al país, reducir la pobreza y reconocer los derechos de quienes siempre han trabajado en ella. Sus resultados prueban que, pese al bloqueo de un Congreso elitista y a las dificultades legales, Colombia sí puede avanzar hacia una sociedad rural más justa.