Presupuesto de 2027: el recorte que pagarán los más pobres
"¿Un presupuesto billonario pero con recortes para los más pobres?"
Henry Hernández
El Crítico del Tintico
— Opinión - Henry Hernandez (7)
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a $634,9 billones. A primera vista, la cifra parece monumental y podría presentarse como prueba de un Estado robusto, comprometido con la inversión social. Sin embargo, cuando se examina el detalle, aparece una realidad menos decorosa: la bolsa destinada a subsidios para la población más vulnerable se reduce en 40 por ciento.
El recorte se concentra precisamente en los programas que alivian las necesidades de los hogares de menores ingresos. Las transferencias monetarias pasarían de $9 billones a $7 billones. En esa partida están Renta Ciudadana, la devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor. No se trata, por tanto, de gastos suntuarios ni de privilegios burocráticos, sino de ayudas que permiten a millones de familias comprar alimentos, sostener a sus hijos, estudiar o enfrentar la vejez con un mínimo de dignidad.
La reducción es todavía más severa en vivienda. El subsidio familiar cae de $890 mil millones a apenas $80 mil millones, mientras que el Frech —mecanismo que facilita el acceso a créditos de vivienda— queda completamente eliminado. Para una familia trabajadora, esta decisión no es una abstracción contable: significa postergar indefinidamente la posibilidad de adquirir casa propia.
El Gobierno intenta presentar esta poda con una formulación engañosa. El documento de regionalización afirma que «se mantiene el valor de las transferencias a las poblaciones más vulnerables». Pero mantener el monto por hogar no equivale a mantener la cobertura. Si hay menos recursos y se conserva el valor individual de la ayuda, necesariamente habrá menos hogares beneficiados. Es una operación semántica que pretende ocultar una disminución real de la política social.
La inconsistencia se vuelve más evidente al comparar las solicitudes del Departamento Nacional de Planeación. El proyecto solo asigna el 32 por ciento de lo requerido para subsidios en 2027, cuando en 2026 se aprobó el 109 por ciento. La diferencia no es marginal: revela una decisión política de desfinanciar programas esenciales.
El riesgo es concreto. La plata podría no alcanzar para cubrir todos los ciclos de subsidios durante el año. Así lo advirtió la congresista Sara Castellanos en una proposición al presupuesto. No es alarmismo; es una consecuencia previsible de aprobar una apropiación inferior a las necesidades calculadas por la propia administración.
La mala fe consiste en llamar protección social a una reducción que golpea a quienes menos tienen. Un gobierno serio debería explicar con claridad quiénes quedarán por fuera, por cuánto tiempo y con qué alternativa. No basta con conservar el discurso de la inclusión mientras se recortan sus instrumentos. En el presupuesto, más que en los eslóganes, se revela la verdadera prioridad de un Gobierno.
